A la opinión pública.
C.C. Diputados Federales de Jalisco: Álvarez Villaseñor Raúl, Arellano Ávila Giselle Yunueen, Arreola Lopez Haidyd, Blancas Mercado Bruno, Candelaria López Carlos Alfonso, Cárdenas Galván Clara, Carranza Gómez Beatriz, Castellanos Polanco Favio, Castillo García Gilberto Daniel, Castillo Lozano Katia Alejandra, García Hernández Claudia, Gómez Pozos Merilyn, González Pérez Sandra Beatriz, Guízar Macías Francisco Javier, Maldonado Chavarín Alberto, Michel López Marcela, Palacios Rodríguez Carlos Ventura, Palomar González Mayra Dolores, Sepúlveda García Nadia Yadira, Borboa Becerra Omar Antonio, Espinosa Sánchez Paola Milagros, Iñiguez Franco José Mario, Monraz Ibarra Miguel Angel, Rubio Fernández Paulina, Vázquez Jiménez Alonso de Jesús, Ramírez Ramos Antonio de Jesús, Gómez Alarcón Amarante Gonzalo, Sánchez González José Luis, Gómez Villalobos Tecutli José Guadalupe, Luna Vázquez Hugo Manuel, Núñez Sánchez Gloria Elizabeth, Salas Rodríguez Claudia Gabriela y Vázquez Ahued Pablo.
C.C. Senadores de Jalisco: María del Rocío Corona Nakamura, Carlos Lomelí Bolaños, Francisco Javier Ramírez Acuña y Clemente Castañeda Hoeflich.
Expresamos nuestro firme rechazo a la propuesta de reforma constitucional en materia de "simplificación orgánica" recientemente aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales de la H. Cámara de Diputados. Consideramos que esta propuesta vulnera principios fundamentales de los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución y en los tratados internacionales que México ha ratificado, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo cual genera serias preocupaciones.
Esta reforma, lejos de representar una mejora administrativa, implica un grave retroceso en materia de derechos humanos, atentando contra el principio de progresividad consagrado en la Constitución, específicamente en los derechos de acceso a la información y de protección de los datos personales. Nos preocupa que esta reforma debilite el marco legal al eliminar a los organismos constitucionalmente autónomos que fueron creados para salvaguardar estos derechos, erosionando la transparencia y la rendición de cuentas en el país y las conquistas sociales alcanzadas a lo largo de los últimos años. Además, limitarían el derecho de los ciudadanos a defender sus propios intereses y a exigir la rendición de cuentas de sus autoridades.
Sin una garantía de acceso a la información, se abre la puerta al abuso de poder, a la discrecionalidad en el uso de recursos públicos, al influyentismo, y al nepotismo y, en última instancia, a la corrupción. La información pública permite a la ciudadanía vigilar y evaluar la actuación de sus autoridades, conocer cómo se gastan los recursos públicos y cómo se gestionan los bienes comunes. El acceso a la información es un derecho esencial para el ejercicio de otros derechos, como la libertad de expresión y el derecho a la participación política.
Sin acceso a información pública, la capacidad de la sociedad para escrutar y controlar el ejercicio del poder público se ve severamente limitada. Aspectos críticos como conocer el salario de los servidores públicos, la distribución de los recursos en programas sociales, el gasto en servicios municipales, la verificación de licencias de negocios y el derecho a corregir datos personales en documentos oficiales quedarían oscurecidos. Este derecho también es crucial para la investigación periodística, que ha sido un pilar para destapar actos de corrupción y mal manejo administrativo que, en muchos casos, han derivado en reformas institucionales y mejoras en la gobernanza.
La reforma contempla que la entrega de información quede a discreción de las autoridades públicas, sin un órgano especializado que vigile y sancione la opacidad. Esta concentración de poder en manos de las propias instituciones públicas y la eliminación de mecanismos de contrapeso no solo debilitaría la transparencia, sino que pondría en riesgo la objetividad, imparcialidad y especialización en la protección de los derechos de la ciudadanía al eliminar a los organismos autónomos en toda la República Mexicana.
Las modificaciones constitucionales planteadas en el dictamen también ponen en peligro el derecho a la protección de los datos personales, al no definir claramente qué entidad será responsable de regular y sancionar las violaciones a su tratamiento. En un contexto digital donde la protección de la privacidad es cada vez más relevante, la falta de claridad sobre quién garantizará este derecho es preocupante porque afecta a la esfera más íntima de los ciudadanos y perjudica la imagen de México en el ámbito internacional, donde se exige un mayor cumplimiento de normas de protección de datos en consonancia con las mejores prácticas globales.
Adicional a lo anterior, la reforma erosiona la autonomía de los estados, en el régimen federal que consagra la Constitución, al limitar su capacidad para garantizar los derechos de la ciudadanía, como lo es el caso de Jalisco, quien ha sido precursor de la transparencia en México desde la aprobación de la primera ley de transparencia en 2001 y al crear, en 2005, al Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (ITEI), un organismo autónomo que ha desempeñado un papel clave en la promoción de la transparencia y la participación ciudadana, siendo el primero en contar con un Consejo Consultivo integrado de forma colegiada y plural que contribuye a la selección de perfiles especializados para la integración del Pleno del ITEI, fomentando así la participación activa de la sociedad en la toma de decisiones. Este diseño institucional fue replicado en el resto del país, sirviendo de inspiración para la creación de organismos similares a nivel nacional.
Por todo lo anterior, hacemos un enérgico llamado a las y los legisladores jaliscienses de la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión para que NO aprueben el dictamen en cuestión. Instamos a las y los legisladores a que reconsideren el impacto de esta reforma y trabajen en una nueva iniciativa, privilegiando el parlamento abierto, que refuerce la transparencia gubernamental, amplíe las sanciones para quienes se resistan a la rendición de cuentas, y fomente la participación ciudadana a través del fortalecimiento de los consejos consultivos en los organismos autónomos.
México no puede permitirse un retroceso en materia de derechos humanos y transparencia. El acceso a la información y la protección de los datos personales son pilares fundamentales de nuestra democracia y del federalismo, y deben ser defendidos con firmeza. Ninguna reforma debe ir en detrimento de los derechos humanos ni del bienestar colectivo. Ninguna reforma debe ir en contra de las y los mexicanos.
"Defender el acceso a la información, a la protección de datos personales es defender la democracia, la transparencia y los derechos fundamentales de todas y todos los mexicanos."
Atentamente
El Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI)
Consejo Consultivo del ITEI
- Universidad Autónoma de Occidente (UACO)
- Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG)
- Universidad Panamericana campus Guadalajara (UP)
- Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO)
- Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA)
- Confederación Patronal de la República Mexicana Jalisco (Coparmex Jalisco)
- Representantes ciudadanos
- Representantes de la Sociedad Civil
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Jalisco
Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco
Mexicanos Primero Jalisco
Colectivo Ciudadano por Municipios Transparentes (CIMTRA)
Transparencia Mexicana
Barra Mexicana de Abogados capítulo Jalisco
Observatorio Legislativo del ITESO
Red de Mujeres por la Transparencia
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